Las conversaciones entre Abengoa y sus acreedores han arrancado como podría esperarse. Es decir, desde posiciones antagónicas. Las necesidades de liquidez de más de 1.100 millones de efectivo entre este año y 2017 y avales por más de 500 millones solo para este ejercicio que plantea el plan industrial elaborado por Álvarez & Marsal no difieren demasiado de las exigidas de Gonvarri en septiembre para inyectar 350 millones en el capital.

La fórmula de capitalización de la deuda planteada por el grupo es considerada demasiado benevolente con los actuales socios. Los Benjumea, a través de Inversión Corporativa, controlan un 51% de los derechos políticos y un 19% de las acciones. Unos 50.000 pequeños inversores tienen el resto del capital.

Los principales accionistas pretenden mantener, de entrada, un 12,5% y que les sea devuelto un 17,5% adicional en caso de que la compañía logre cumplir el plan industrial diseñado por Álvarez & Marsal. Es decir, quieren el 30% si Abengoa logra un flujo de caja neto de 1.000 millones entre 2017 y 2020 y a partir de ese último ejercicio, generar una liquidez anual en el entorno de los 700 millones.

El objetivo de la empresa es transformar en capital unos 6.000 millones de euros de deuda corporativa, frente al total de casi 9.000 millones. La clave está en el precio al que se realice la metamorfosis de ese pasivo, que se realizará a una valoración superior al de la cotización. Cuanto más elevado sea este, menor será la dilución y menor será el importe que recuperarán las entidades financieras si tratan de vender las acciones en mercado.

La compañía baraja que los acreedores puedan hacer caja con un descuento de entre el 70% y el 80% y de entre el 65% y el 75% en caso de que se implique en la reestructuración a los proveedores, con un pasivo de 5.000 millones. Lo que proponen las entidades financieras no sería una quita clásica, puesto que el canje inicial se haría por el 100% del nominal de la deuda. Las pérdidas se asumirían en caso de que se realizara una desinversión posterior.

Los bancos del G7 –Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Sabadell, HSBC y Crédit Agricole– han solicitado modificar el tramo de la deuda sostenible, por unos 3.000 millones de euros, para que las amortizaciones comiencen a partir del tercer año, y que se aceleren las desinversiones. La deuda sostenible rondaría los 3.000 millones de euros a los que no se aplicaría quita. Los negociadores también solicitan la colaboración de los proveedores, a los que la compañía les debe unos 5.000 millones. Abengoa está dispuesta a que estos hagan un esfuerzo de 240 millones.