José Antonio Vega (Zamora, 1962) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en la sección de Economía del diario ‘ABC’, en 1984. En 1986 se incorporó a ‘Cinco Días’, donde ha sido jefe de sección y redactor jefe de Economía y Economía Internacional. Desde febrero de 2006 es subdirector.

Los gestores de Bankia han decidido cerrar de un plumazo el conflicto que tiene abierto con los accionistas minoritarios que acudieron a la OPS, abonándoles a todos ellos (unos 200.000) el importe de la compra de las acciones. Toda una enmienda a la totalidad a los principios del libre mercado y las reglas de la renta variable, donde se gana y se pierde, por muy argumentada que esté la circunstancia de que los datos y las proyecciones del folleto de venta eran engañosas.

Toda empresa es libre de volver el contador financiero hacia atrás y abonar a sus accionistas lo que han perdido, pero solo si se trata de una empresa privada; en ningún caso si es una empresa que carga en última instancia sobre los contribuyentes la devolución del dinero cobrado en su día, en 2011, a los accionistas por el papel emitido. Porque los accionistas últimos de Bankia son los contribuyentes, que son quienes pusieron los 22.000 millones de euros para capitalizar la entidad que habían quebrado sus gestores ante la mirada complaciente o negligente del Banco de España y del Ministerio de Economía, que en su día jaleaba la salida a Bolsa de la entidad como una magnífica oportunidad de inversión, y como un hito para España que reforzaría su sistema financiero.

En la Bolsa se gana y se pierde. Pero en este país se ha extendido demasiado la socialización de pérdidas como para entender que se respeta el principio básico de la economía de mercado. Demasiadas veces se ha restituido la inversión a los particulares ante la supuesta mala práctica de los gestores de las empresas (recuerden Gescartera), y ante el supuesto engaño, que existe en muchas ocasiones, pero que en otras está encubriendo decisiones particulares amparadas más en la avaricia que en la ignorancia, desde luego dos atributos que juntos son explosivos.

Restituir siempre los errores de los inversores es propio de un capitalismo de Pepe Gotera y Otilio, que atenta también contra la seguridad jurídica de un país que precisa como el comer de la inversión de propios y extraños. Para resolver estas cuestiones están los tribunales, y si han apreciado engaño en la operación, deben fallar en contra de la empresa que salió a Bolsa envuelta en falsedades. Pero todos y cada uno de los casos deben ser resueltos judicialmente, por mucho que Bankia considere que debe hacer extensivo a todos la devolución del dinero (unos 1.500 millones de euros) aunque simplemente sea para ahorrarse unos 400 millones en costas procesales.

Qué hay que los accionistas que acudieron a comprar acciones al día siguiente en el mercado secundario, y que también han perdido todo su dinero. Siempre podrá decir la entidad que no fue Bankia quien le vendió las acciones, sino terceros, sean fondos o particulares. Pero el engaño existe en todos los casos, pues todos guiaron inocentemente su decisión por el folleto informativo de la salida a Bolsa.

¿Y por qué los institucionales no pueden reclamar o no pueden ser agraciados como los particulares con la devolución de la inversión?. Porque tienen medios para interpretar lo que dice el folleto; pero si el folleto es engañoso, lo es para todos. Los accionistas de las entidades que acudieron a la OPS, pongamos los de Mapfre, tienen derecho a la devolución, pues están indirectamente dañados por la operación, por mucho que hayan sido los gestores de la aseguradora quienes hayan decidido la compra.